La Corte Constitucional en Sentencia T-233-22, protegió los derechos a la salud, a una vivienda digna, a la integridad física, a la intimidad y a la vida de dos ciudadanos que pusieron una tutela, debido a que los sistemas de alcantarillado de sus barrios presentan daños. Como consecuencia de ello, el inmueble de uno de los accionantes muestra fallas estructurales y, en ambos casos, los residentes deben soportar la proliferación de animales, vectores de enfermedades y malos olores. 

En el trámite de la acción de tutela se demostró que las entidades responsables no han adelantado las gestiones necesarias para solucionar la problemática. 

La Corte señala que “Las personas no tienen la obligación de soportar olores nauseabundos que afecten su tranquilidad y puedan generarse como consecuencia de vectores de enfermedad. Por ello, las autoridades deben garantizar que toda vivienda cumpla con las condiciones mínimas de higiene para que una persona pueda ocuparla sin peligro para su salud e intimidad”. 

El fallo ordenó medidas como el cambio de residencia de los accionantes a cargo del municipio, hasta tanto se garanticen condiciones de seguridad, hacer cesar los malos olores y la afectación sanitaria en la residencia del accionante.