La ministra de las TIC, fijó la prioridad de recuperar los 70.000 millones que se entregaron como anticipo y explicó la estrategia para lograrlo. Siendo la principal, la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020. 

La caducidad es la sanción más drástica que se puede aplicar en materia de contratación estatal. Los contratistas quedan, inhabilitados por 5 años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado.

La funcionaria enumeró 8 acciones de impacto: 

1. Denuncia inmediata ante la Fiscalía General de la Nación. 

2. Traslado expedito a los entes de control: Procuraduría y Contraloría. 

3. Actuación administrativa para caducar el contrato. 

4. Proceso de control interno para establecer si hubo fallas al interior del Ministerio. 

5. Actuación administrativa a la firma interventora, Consorcio PE 2020 C Digitales. 

6. Remplazo inmediato de la supervisión del contrato para garantizar la transparencia y facilitar las acciones de los entes de control. 

7. Actuaciones frente a la fiducia y a SESCOLOMBIA, este último contratado por el Ministerio para revisar los riesgos y las garantías del proceso. 

8. ‘Plan de Choque’ para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo.