La Corte constitucional ha definido el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada como un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentren en una situación de debilidad manifiesta.
En Derecho Laboral, esta figura constitucional puede aplicarse a cualquier trabajador que, por su condición de salud, se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada y cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. Así lo ha señalado reiteradamente la Corte.
El derecho a la estabilidad laboral reforzada consiste en el derecho a conservar el empleo; a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; a permanecer en el empleo hasta que se requiera y; para que proceda el despido legal, por una causal objetiva no relacionada con la situación de vulnerabilidad, se requiere autorización del Ministerio del Trabajo.
Entonces, surge la protección del derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada, cuando un trabajador sufra de una afectación grave a su salud que genere una situación de debilidad manifiesta, impidiendo el despedido mientras persistan las condiciones que originaron la relación laboral y mientras que no se solicite la autorización de la autoridad laboral competente.
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